Los datos fueron revelados luego del reciente informe remitido a la Cámara de Diputados, en el que se describen los principales logros alcanzados por la administración estatal respecto a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en la función pública.
“Todavía estamos lejos del cumplimiento efectivo de la inclusión laboral plena pero se están dando pasos decididos para que ocurra”, consideró Ferreira.
Señaló que además de las cuatro instituciones públicas (Erssan, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y el INPRO) son varias las instituciones públicas que están muy cerca del mínimo de cinco por ciento de inclusión en su plantilla de funcionarios.
Destacó que a agosto de 2008 sólo cinco instituciones informaban a la SFP sobre incorporaciones de personas discapacitadas pero que actualmente se reciben informes de los diez ministerios del Ejecutivo.
“Entendemos que el proceso de inclusión debe ser progresivo, pero para nosotros un indicador de voluntad del cumplimiento de la normativa está en la elaboración de un plan institucional que contemple el ingreso progresivo”, dijo al anunciar que a mediados de año, la SFP va a verificar la cantidad de instituciones que cuentan con esos planes.
En cuanto a las funciones que cumplen estas personas señaló que a pesar del creciente número de personas con discapacidad capacitadas institucionalmente, un alto porcentaje de ellos desempeñan tareas secundarias en las instituciones.