Los estudiantes Fernando Krug y Arturo Cano, miembros de dicho frente, dijeron que la principal falencia es que solo el sector parlamentario participó de los procesos de elaboración, y no se incluyó a los sectores estudiantil, docente, campesino, originario y obrero.
“Hay que comentar que se habían llamado a ocho audiencias públicas, a las cuales no fueron invitados estudiantes, ni docentes, y que fue básicamente una reunión de rectores y parlamentarios; tuvieron un carácter más de exposición que de audiencia pública”, señaló Krug.
Los estudiantes rechazan también el sistema de créditos que se propone implementar y la libertad que tendrían las universidades e institutos de educación superior de elevar los costos. “Si se sancionase una ley con estas características, la educación se consolidaría como una mercancía”, resaltó.
Arturo Cano dijo que tan solo el 6 por ciento de los jóvenes ingresa al sistema de educación superior y, de entre ellos, el 74 por ciento está matriculado en universidades privadas. “La universidad pública se convierte en un espacio de élite a donde acceden las clases más altas y el proyecto de ley no visualiza la problemática del acceso”, destacó.
El Frente Estudiantil por la Educación analiza los alcances que podría tener una posible acción en desacuerdo con la eventual aprobación de la ley, pues consideran que en primer lugar se debe analizar el ideal de universidad y de educación superior para el país y de forma inclusiva, lo que no se visualiza en ninguna de las propuestas del Congreso.